"Basado en los principios de la impersonalidad, predecibilidad y el trato a la ciudadanía, el universalismo ético, busca proponer un modelo de burocracia que funja como igualador social, en sus procesos de gobierno. La relación causa y efecto, nos señala la importancia de no trasladar costos a la ciudadanía derivados de procesos internos de baja visión. La carga administrativa es la experiencia que la ciudadanía percibe como onerosa o costosa cuando el gobierno impone procesos o trámites. Tomar en cuenta que las condiciones personales en términos de salud, educación, cognitivas, inteligencia, económicas, entre otras; son diferentes, en cada persona que acude a recibir servicios de gobierno, nos permite luchar desde adentro por un modelo más allá de la eficiencia interna, y más cercano a la universalidad. Para ello, reconstruir la credibilidad y combatir los antivalores de la baja confianza en la burocracia, entre el gobierno y la ciudadanía es todo un reto que implica trabajo en doble sentido. Por un lado, en la confianza que la ciudadanía otorga a las instituciones para no partir de cero en este camino por mejorar. Y, por otro lado, el gobierno que aprende a confiar y escuchar adentro a su burocracia y procesos, y afuera, a la ciudadanía. Para tomar decisiones, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), tiene por objetivo presentar información sobre las experiencias y percepción de la población en trámites y servicios públicos proporcionados por los diferentes niveles de gobierno. En su lista de nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores 2019, concluye que nuestro país, tiene más confianza a nivel gobierno federal, seguido a nivel municipal y finalmente estatal con 51.2%, 44.3% y 40.5% respectivamente, de la población de 18 años y más. El orden es el mismo si comparamos estos datos con Coahuila; pero con la diferencia, en que estos porcentajes de confianza, están por encima de los que se tienen a nivel nacional 63.3%, 59.2% y 52.6%. En el camino por consolidar la confianza entre burocracia y ciudadanía, una de las áreas por explotar, como parte de los servicios públicos municipales, es la atención a los procesos y tramitología; empezando por identificar los costos que trasladamos y afianzamos a la sociedad, en nuestro desempeño como funcionariado: Costos de aprendizaje. Para conocer y entender la política pública, trámite o proceso que convoca. Costos psicológicos. Relacionados con la pérdida de autonomía por solicitar información personal, la baja confianza en la capacidad de la burocracia y la capacidad propia de hacer frente ante una acción injusta de la autoridad. Costos de cumplimiento. Aquellos relacionados con atender a los requisitos solicitados. Como punta de lanza en el tema, en el IMPLAN Torreón, desde la Dirección de Competitividad Sectorial, se han impulsado acciones a favor de actualizaciones y mejoras en 2 de los 29 trámites existentes en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo: la constancia de alineamiento y número oficial, y la licencia de construcción. Así, atender estas propuestas es escuchar a la ciudadanía a través de sus instituciones de gobierno; es generar confianza en las acciones que propone el funcionariado que busca contribuir a la igualdad social, desde las muy particulares condiciones de las y los Torreonenses.
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